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Citan a juicio disciplinario a directores de Comfacor

Luis Alfonso Hoyos Cartagena y Emiro Darío Márquez Martínez, directores administrativos Comfacor.

La Procuraduría abrió la investigación por el llamado cartel de VIH/Sida en Córdoba.

La Procuraduría General de la Nación citó a juicio disciplinario a los directores administrativos de la Caja de Compensación Familiar de Córdoba (Comfacor), Luis Alfonso Hoyos Cartagena y Emiro Darío Márquez Martínez, por presunto uso indebido de los recursos públicos destinados a la atención de pacientes con VIH/Sida del régimen subsidiado del departamento.

Los investigados al parecer pagaron facturas de pacientes que no estaban dentro de la base de datos de la caja de compensación, cancelaron a IPS cuentas de usuarios cuyos documentos de identificación no aparecían en la Registraduría, y cuyos titulares de las cédulas de ciudadanía estaban muertos o con suspensión de derechos políticos.

La Procuraduría reprochó que Comfacor haya pagado presuntos sobrecostos, por más de $12.000 millones de pesos, por complicaciones asociadas a VIH/SIDA, que estarían relacionadas con incumplimiento en las guías de atención a pacientes con ese diagnóstico.

Hoyos Cartagena, quien se desempeñó como director administrativo de Confacir entre el 18 de marzo de 2005 y el 9 de marzo de 2017, y Márquez Martínez, quien ocupó el cargo desde el 9 de marzo hasta el 13 de septiembre de 2017, al parecer quebrantaron el principio de moralidad y desconocieron el de economía, al presuntamente haber permitido que se afectaran los recursos de la salud del departamento en $456 millones.

La Procuraduría calificó de manera provisional las presuntas faltas como gravísimas con culpa gravísima por desatención elemental.

Ante estas posibles irregularidades en la facturación y atención de pacientes con VIH/Sida, la Procuraduría compulsará copias a la Fiscalía General para que investigue la forma como las autoridades y particulares administraron y vigilaron los recursos de la salud, por cuanto al parecer pudieron existir conductas de relevancia penal y administrativa.

Así mismo, remitirá a la Contraloría General de la República el avance de la investigación disciplinaria, para que obre en el proceso fiscal que se adelanta por estos hechos.

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